La normalización del virus y su «gripalización»

Sanidad ya no exigirá el aislamiento de todos los pacientes que den positivo en cualquier prueba diagnóstica del coronavirus tras haberse infectado con el virus. Según la nueva estrategia del ministerio, los pacientes contagiados asintomáticos o con un cuadro sintomatológico leve (que podría ser similar al de un resfriado o una gripe) ya no tendrán que hacer cuarentena como hasta ahora. Los trabajadores contagiados pero que no experimenten graves síntomas por la infección podrán seguir trabajando en sus puestos sin necesidad de aislarse en sus casas. La única medida prevista será la de llevar en todo momento puesta la mascarilla para evitar contactos estrechos con el resto de la plantilla. ¿Quiénes tendrán que hacer cuarentena por covid? El ministerio ha previsto que solo tendrán que aislarse los pacientes que pertenezcan a grupos de riesgo, como los mayores de 65 años, enfermos crónicos o inmunodeprimidos además de aquellos que, aunque no pertenezcan a este grupo, experimenten síntomas más graves durante la infección. En cambio, la Comisión de Salud Pública ha determinado que las personas residen o trabajan en ámbitos vulnerables -centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día que prestan asistencia sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizadas- y los trabajadores que prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros cinco días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas.  Podrán reincorporarse a sus puestos o vida normal tras cinco días y siempre y cuando hayan pasado al menos 24 horas sin fiebre y se haya registrado una mejoría de los síntomas. «Necesitarán un test de antígenos negativo para poder incorporarse a su lugar de trabajo», indica el protocolo. Los objetivos de esta Estrategia son: – Vigilancia, prevención y control de la infección activa por SARS-CoV-2 y con especial seguimiento de la evolución epidemiológica en ámbitos y grupos vulnerables. – Evaluación del impacto de la COVID-19 a partir del análisis de los casos graves y fallecidos. – Vigilar los cambios de patrones epidemiológicos de la enfermedad así como la aparición de nuevas variantes que puedan condicionar una peor evolución de la epidemia, para poder tomar medidas de forma precoz. – Establecer indicadores de seguimiento que permitan instaurar las medidas de control oportunas en caso necesario. – Favorecer la normalización de la asistencia sanitaria tras la fase aguda de la pandemia minimizando los riesgos La decisión tomada por el ministerio tiene en cuenta la amplia inmunización de la población gracias a la protección de la vacuna contra el covid y la tercera dosis. Esta nueva etapa implica «aceptar un cierto nivel de transmisión» entre la población joven, sana y vacunada para poner el foco en las personas con mayor vulnerabilidad. Como técnico me gustaría resaltar que pese a que se está normalizando el virus, no olvidemos seguir con todas las medidas de protección en los centros de trabajo, es importante evitar el contagio: ventilación, lavado frecuente de manos, etc.  Estrategia de Vigilancia y Control frente a la covid-19 tras la fase aguda de la pandemia Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

Los accidentes «in itinere»

Durante el año 2020, la siniestralidad laboral se ha visto directamente afectada por la irrupción del virus del SARS-CoV-2. La crisis derivada de la pandemia precisó la adopción de diversas restricciones laborales y sociales en España, que repercutieron sobre la población trabajadora. Como consecuencia de este impacto, los datos que se reflejan en este informe tienen un carácter excepcional. En concreto en 2020, se produjeron 2.455 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo y 327 accidentes in itínere por cada 100.000 trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social, un 18,7% y un 30,7% menos que en 2019, respectivamente. En España, durante el año 2020, se registraron 505.528 accidentes de trabajo con baja. La mayoría se produjeron durante la jornada laboral, en concreto 446.195 accidentes, que suponen el 88,3 %. El resto, 59.333 accidentes, tuvieron lugar durante el trayecto del domicilio al centro de trabajo o viceversa; son los que se denominan accidentes de trabajo con baja in itinere. Cómo saber que un accidente de trabajo es in itinere (o no). Se deben cumplir una serie de requisitos: ESPACIAL Este requisito viene a especificar que el accidente debe ocurrir en la travesía entre el domicilio del trabajador/a y el centro de trabajo. Incluyendo además el momento anterior o preparatorio al viaje, por ejemplo, de camino al automóvil. En cuanto al domicilio, la jurisprudencia ha extendido recientemente el concepto, por lo que ahora además del domicilio habitual del trabajador/a se considerará in itinere el accidente producido en el desplazamiento con destino al segundo domicilio (pudiendo ser la casa donde pasa los fines de semana). CRONOLÓGICO Según el cual el accidente debe producirse dentro del tiempo que se invierte habitualmente en el desplazamiento, implicando que el recorrido también sea el frecuente. Las interrupciones son interpretadas con amplitud por la jurisprudencia, determinando que si la parada no rompe el vínculo causal domicilio-trabajo se mantendrá reconocido como desplazamiento motivado por el trabajo. MECÁNICO Haciendo referencia al medio de desplazamiento utilizado por la persona trabajadora para realizar dicho trayecto, se destaca que el transporte empleado debe ser el habitual y seguro. ¿Cuándo y cómo debo notificar un accidente de trabajo? El empresario deberá notificar a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se produzcan con motivo del desarrollo de su trabajo. La notificación de los accidentes de trabajo se deberá realizar, por vía electrónica, según lo dispuesto en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, a través del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@). Los documentos a notificar y plazos son los siguientes: Parte de accidente de trabajo Deberá ser remitido a la Entidad Gestora o Mutua en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente, o desde la fecha de baja médica. Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica Deberá ser remitido mensualmente a la Entidad Gestora o Mutua, en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de referencia de los datos. Relación de altas o fallecimientos de accidentados Debe ser cumplimentado una vez al mes por la Entidad Gestora o Mutua, relacionando aquellos trabajadores cuya alta médica se haya recibido a lo largo del mes independientemente de la fecha del alta. Comunicación urgente Para el caso de accidente considerado grave, muy grave, mortal o múltiple (más de cuatro personas), el empresario, además de cumplimentar el correspondiente modelo, deberá comunicarlo en el plazo máximo de veinticuatro horas a la autoridad laboral. Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

La responsabilidad de las empresas que acogen personal en prácticas

La responsabilidad de las empresas que acogen personal en prácticas

La responsabilidad de las empresas que acogen personal en prácticas La responsabilidad de las empresas que acogen personal en prácticas En 2012 entra en España de forma reglada, la Formación Profesional Dual, apostando por la enseñanza práctica, en la que durante dos años los alumnos comparten clases teóricas en el aula con clases prácticas en empresas reales. Responsabilizándose de la formación del alumno tanto el instituto como la empresa. Esta corresponsabilidad debe tener también su reflejo en materia de Prevención de Riesgos Laborales, y así es, pero todavía hoy con matices. Personal en prácticas Becarios, pasantes, aprendices, o las residencias de médicos, psicólogos, enfermeros… son distintas figuras que tienen en común encontrarse en un periodo de aprendizaje, en el que se supone deberán adquirir las habilidades necesarias para el adecuado desarrollo de un oficio, basado en la experiencia. De esta forma, desarrollarán actividades propias del puesto y se encontrarán expuestos los riesgos que estas labores puedan generar. Sin embargo, actualmente entre estas distintas “figuras de formación práctica”, la empresa no tiene las mismas responsabilidades y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Sin querer entrar en mucho detalle, principalmente afecta: el tipo de práctica, si hay relación laboral o no, y la legislación a aplicar según sea la práctica que abordamos. Relación laboral si o no En el caso de tener relación laboral, como así es en las residencias de médicos, psicólogos…la relación con la empresa y la exigencia en materia de PRL es la misma que la de cualquier otro trabajador. Dar formación en el momento de la contratación, reconocimiento médico y seguimiento de la vigilancia de la salud, evaluación de riesgos del puesto y medidas preventivas, facilitar equipos de protección, medidas de emergencia, evacuación y primeros auxilios… En caso de no tener relación laboral con la empresa, las obligaciones del empresario se reducen, pasando a no tener que certificar la formación específica en el puesto ni ofrecer el reconocimiento médico para la vigilancia de la salud. Quedaría en la obligación de informar de los riesgos existentes tanto en el centro de trabajo como en el puesto, indicando también las medidas de emergencia y evacuación. Ahora bien, es responsable de mantener las mejores condiciones para el desarrollo seguro de las prácticas, y velar por que se cumplan las medidas de seguridad y salud. Queda entonces en este caso, la obligación de dar la formación previa en materia de prevención de riesgos a la entidad formativa. Así como de coordinar con la empresa donde se realizarán las prácticas, previa incorporación a las mismas, las medidas preventivas que pudieran ser necesarias tener en cuenta.  En función del tipo de relación laboral que se estipule entre alumno y empresa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) podría ser o no de aplicación. Para cualquier tipo de contrato laboral, las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales son iguales a las contraídas por cualquier trabajador de la empresa. En el caso de estudiantes de prácticas o con Beca, la normativa de PRL no les es de aplicación con carácter general. Desde el punto de vista preventivo  cualquier persona que acceda a un centro de trabajo debe hacerlo en condiciones de seguridad, ya que aunque no les afecte la normativa laboral, en caso de accidente sí puede existir responsabilidad civil por parte de la empresa. Por todo ello, y desde la perspectiva de PRL, el empresario deberá garantizar que los alumnos tengan las mismas medidas de prevención y protección que el resto de trabajadores. Así, el empresario receptor deberá: · Informar al personal de prácticas de las medidas de prevención, protección y emergencia que deben respetarse durante la realización de las prácticas. · Si se hubiera determinado el uso de EPI’s, coordinar con la entidad formadora quien debe proporcionarlos al personal en prácticas, y vigilar que los utilicen. En caso de que tengas alguna duda puedes consultar a tu técnico de prevención.  Haz clic aquí para ponerte en contacto con nosotros. Nuestros servicios personalizados garantizan seguridad tanto para el trabajador como para la empresa. ¡Solicita presupuesto sin compromiso!   Otras Entradas: Así debe ser tu mesa de trabajo si no quieres acabar con lumbalgia Sin formación, sin control: la carretilla no es un juguete Estrés laboral: cuando el trabajo enferma el cuerpo y la mente Cardioprotección en el trabajo: un mapa desigual de los desfibriladores en España

La presencia de recursos preventivos en las empresas

Criterio técnico núm. 83/2010, sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas. El criterio técnico nº 83/2010 fue elaborado por la ITSS para garantizar una actuación inspectora homogénea respecto a los supuestos motivadores de la presencia del recurso preventivo, así como desarrollar y aclarar determinadas cuestiones que han ido surgiendo desde que fue introducida esta figura preventiva, que sirve de ayuda a los inspectores de trabajo en el momento de asistir técnicamente a empresas y trabajadores con ocasión del ejercicio de su función. En primer lugar, establecen los supuestos en los que es obligatoria la presencia de los recursos preventivos, estando prevista en los centros de trabajo en los que los riesgos existentes puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32.1.a bis LPRL; art. 22.1.a bis RSP). También será obligatoria su presencia, cuando se realicen actividad o procesos que reglamentariamente sean considerados peligrosos o con riesgos especiales (art. 32.1.b LPRL; art. 22.1.b RSP) o bien cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la ITSS, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas, (art. 32.1.c LPRL; art. 22.1.c RSP). En segundo lugar, delimita las empresas que deben designar o asignar la presencia de recursos preventivos, distinguiendo entre trabajos correspondientes al sector de la construcción de aquellos distintos al sector de la construcción. En tercer lugar, determina los sujetos que pueden ser asignados a las funciones de recurso preventivo, estableciendo distinción entre las personas que pueden ser designadas, contempladas en el art. 32.2 bis dde la LPRL (uno o varios trabajadores designados por la empresa; uno o varios miembros del servicio de prevención propio; uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno); y los trabajadores que puedan ser asignados, en función del art. 32.4 bis de la LPRL, de forma expresa por parte del empresario, aunque no formen parte del servicio de prevención propio ni sean trabajadores designados. Además, también expone la incompatibilidad de la figura del delegado de prevención como recurso preventivo, la obligatoriedad de la coordinación de actividades empresariales, así como la obligación de aceptar la designación o asignación. Dentro de la función inspectora en estos casos, debe priorizar en comprobar si los trabajadores efectivamente reúnen los requisitos de formación y capacidad para ser nombrados recursos preventivos o trabajadores asignados. En los bloques siguientes, el Criterio Técnico se dedica a desarrollar las funciones, facultades y garantías de los recursos preventivos conforme a los apartados 4 y 5 del art. 22 bis del RSP. Por último, señala como infracciones en materia de recursos preventivos la falta de su presencia cuando sea requerida; también derivado del incumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas; no dotar al recurso preventivo de los medios necesarios o bien, no facilitar suficiente información a los trabajadores sobre la figura de éste.   FUENTE: SARAH UVES. EUROPREVEN. Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

Exposición a sustancias químicas

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene señalando, desde hace varios años, que la protección de los trabajadores contra los productos químicos peligrosos es esencial para garantizar poblaciones saludables y entornos sostenibles. A pesar de las graves consecuencias a la integridad de los trabajadores, estos continúan expuestos a los productos químicos en casi todos los sectores del lugar de trabajo. El informe del ISTAS, financiado por el Fondo Social Europeo y por la Fundación Biodiversidad, calcula que en España hay más de 3,2 millones de trabajadores expuestos a productos químicos en sus lugares de trabajo. Algunos son inocuos, pero otros son dañinos en grado diverso, y la presencia de cancerígenos o mutágenos no es nada excepcional. Se estima que unos dos millones de trabajadores manipulan productos nocivos o tóxicos. Como resultado, las enfermedades derivadas de la exposición a agentes químicos «son mucho más frecuentes y más importantes que los accidentes de trabajo», aseguran los autores del informe, dirigido por el médico Alfonso Calera. El problema es que la exposición a tóxicos en la empresa suele ser de baja intensidad, pero de larga duración, y los efectos aparecen a largo plazo. A menudo acaban surgiendo enfermedades crónicas y degenerativas que se manifiestan en edades tardías, cuando el trabajador está ya jubilado. Así sucede con la encefalopatía tóxica producida por los disolventes o con diversos cánceres producidos por agentes químicos. Estas enfermedades no se registran en ningún sistema de declaración específico y escapan de las estadísticas. España es el cuarto miembro de la Unión Europea que declara un menor número de enfermedades profesionales. El riesgo de exposición no se limita a las industrias químicas y afines, como suele pensarse, sino que abraza todos los sectores debido al uso general de productos de limpieza, adhesivos, pinturas, pesticidas, barnices y muchos otros. Entre las actividades que han registrado mayor incremento en el uso de agentes químicos destacan la construcción, la limpieza profesional, los hospitales, la industria del tratamiento de residuos y la agricultura, a los que habría que añadir la industria del metal, los talleres mecánicos, las imprentas, tiendas de droguería, laboratorios, peluquerías y un largo etcétera. El mayor problema no son los agentes químicos, sino el desconocimiento de sus usuarios por eso desde Europreven, os animamos a formar a los trabajadores en productos químicos. Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

Equipos de Protección

Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp A primeros de diciembre ha sido publicado en el BOE el Real Decreto 1076/2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual  El INSST define el Equipo de Protección Individual (EPI), como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. El R.D 773/1997 fue la adaptación al derecho español de la Directiva Europea 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. Quedando reguladas en él conforme a la normativa europea las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo para la elección, utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. Esta directiva europea ha sido modificada por la Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión, de 24 de octubre de 2019. La razón de esta modificación ha sido la necesidad de garantizar la coherencia del contenido de sus anexos con la clasificación de riesgos dispuesta en las distintas normativas europeas respecto a los Equipos de Protección Individual. De forma que con la publicación del RD 1076/2021 se ajustan de nuevo los anexos del RD 773/1997 al contenido de los anexos de la directiva, para que se garantice que los EPI que los empresarios proporcionen a sus trabajadores y trabajadoras respetan los requisitos establecidos en la normativa europea. Evitando así la falta de armonización terminológica que daría lugar a contradicciones entre la normativa relativa al diseño, la fabricación y la comercialización de equipos de protección individual y la normativa en materia de utilización de equipos de protección individual. Las modificaciones han sido en los anexos I, II y III.  ·         El anexo I. Riesgos en relación con las partes del cuerpo que se deben proteger con los EPI.  ·         Anexo II. Lista no exhaustiva de tipos de equipos de protección individual en relación con los riesgos contra los que protegen. ·         Anexo III. Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual. Utilizamos los EPI, cuando no podemos eliminar o controlar los riesgos mediante técnicas de protección colectiva o con procedimientos que generen cambios en la organización del trabajo. Los EPI no eliminan los riesgos, pero si consiguen minimizar sus consecuencias, aunque puedan resultar algunas veces incómodos para las personas que no tienen más remedio que utilizarlos. La evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.  Consulta a tu técnico si necesitas cualquier aclaración. Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

¿Estoy cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en mi empresa?

La Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995) establece el marco jurídico que deben cumplir todas las empresas, sean del tamaño o el sector que sean, y determina las exigencias legales en materia de prevención de riesgos laborales. La ley de prevención de riesgos laborales se articula en torno a los siguientes principios básicos: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar Combatir los riesgos en su origen Adaptar el trabajo a la persona Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Planificar la prevención Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Dar las instrucciones a los trabajadores. Al final de este artículo encontrareis una lista de chequeo con la que fácilmente podréis comprobar mediante una puntuación el resultado: mejorable, aceptable u óptimo.  Pero antes destacaremos algunos puntos. La ley de PRL: La ley de prevención y riesgos laborales establece la obligación de implementar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales. Establece la necesidad de planificar la actividad preventiva. Una vez realizada la evaluación de riesgos y cuando de los resultados de dicha evaluación se desprenden situaciones de riesgo, el empresario deberá llevar a cabo todas las acciones preventivas que sean necesarias para eliminar, reducir y controlar dichos riesgos. La ley de prevención de riesgos laborales establece en cuanto a la seguridad de los equipos de trabajo empleados algunos requisitos como que sean adecuados y adaptados al puesto de trabajo. Información y consulta a los trabajadores :En cuanto a la información y consulta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a que el empresario garantice que el trabajador reciba información sobre: Los riesgos generales y específicos para la seguridad y salud Las medidas y actividades para la protección y prevención de los riesgos Las medidas de emergencia adoptadas en especial primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación Asimismo, el empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación en relación a las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo Formación (LPRL art 19) Según la LPRL cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada. Riesgo grave e inminente para la salud (LPRL art 21) Cuando los trabajadores puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: Informar a los trabajadores de dicho riesgo y de las medidas adoptadas Adoptar las medidas necesarias Dar las instrucciones para que en caso de riesgo inminente puedan abandonar de inmediato el lugar de trabajo si fuera necesario. Medidas de emergencia La Ley de Prevención de riesgos laborales obliga a analizar las posibles situaciones y a adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores Se designará el personal encargado de poner en práctica dichas medidas. Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de las medidas. El personal asignado poseerá la formación necesaria, será suficiente en número y dispondrá de los medios adecuados Vigilancia de la salud (LPRL art 22)  Los reconocimientos médicos según la LPRL deben ser voluntarios con consentimiento expreso del trabajador, gratuitos y específicos para los riesgos a los que esté expuesto el trabajador Coordinación de actividades empresariales Según la Ley de Prevención de riesgos laborales se considera que existe coordinación de actividades empresariales cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas. A continuación os dejo la lista de chequeo, el resultado de la valoración mostrará si se deben adoptar medidas para dar cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, contacta con tu técnico ante cualquier duda. LISTA DE CHEQUEO Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

Comienza un nuevo año: planifica tu actividad preventiva.

¿Qué es la planificación de la actividad preventiva? La planificación de la actividad preventiva consiste en determinar las medidas a implantar para eliminar,  reducir y controlar los riesgos, incluyendo la designación de responsables para llevarlas a cabo, los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución y seguimiento, así como los plazos para su implantación.    El documento de planificación preventiva, es un documento vivo, el cual se va a alimentando a cada paso que se vaya dando. La Planificación de la Actividad Preventiva recogerá las actuaciones preventivas que se deben aplicar en la empresa con el fin de eliminar, controlar o reducir los riesgos identificados en la Evaluación de Riesgos, señalando un orden de prioridades en función de su magnitud y el número de trabajadores expuestos a los mismos; incluyendo además los medios humanos y materiales necesarios, asignando los recursos económicos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos.En términos generales, las actividades preventivas que deben planificarse pueden ser clasificadas en dos tiposMedidas correctoras Derivadas de la observación directa de la realización del trabajo y de las instalaciones en las que se detecta alguna deficiencia o situación de riesgo por deficiencias en algún procedimiento incluyendo las derivadas de investigaciones de accidentes ocurridos en la empresa.Medidas preventivas derivadas de obligaciones legales preventivas: Medidas de emergencia, vigilancia de la salud, información y formación a los trabajadores, control higiénico de las condiciones de trabajo…etc. Como recomendación, para que la planificación de la actividad preventiva sea efectiva, toda la organización, de alguna forma, deberá estar implicada en este proceso:Cada medida preventiva debe incluir temporalización, un responsable y unos recursos económicos destinados a la misma. La organización preventiva de la empresa debe realizar periódicamente un seguimiento del estado de realización de la Planificación de la Actividad Preventiva implicando a los responsables en la ejecución de actuaciones además de a la dirección de empresa Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

ARRIESGAR TU VIDA NO ES UNA OPCIÓN

ACTUEMOS ANTES DE QUE SE PRODUCA UNA MUERTE LABORAL El Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo han presentado el pasado mes de diciembre  el Plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo con el lema de: «Arriesgar tu vida no es una opción». La principal novedad parte de la utilización del cruce masivo de datos y de la información de un reciente informe sobre siniestralidad para centrar la actuación de la Inspección de Trabajo en sectores y empresas más peligrosas. Es decir, aquellas que presentan una mayor probabilidad de siniestros según los datos. El objetivo del plan es luchar contra la siniestralidad laboral mortal, reduciendo específicamente los índices de incidencia de esta tipología de accidente y disminuyendo la gravedad de los daños producidos en la salud de los trabajadores. En España mueren casi dos trabajadores al día. En lo que va de 2021, hasta septiembre, han fallecido 527 personas en accidentes laborales. Después de años de descenso de estas muertes, desde 2013 los fallecimientos aumentaron y los descensos registrados del total de accidentes han sido más leves que en el pasado, por lo que el Ministerio de Trabajo espera que esta nueva hoja de ruta suponga un «punto de inflexión» a la baja. Las intervenciones del Plan se dirigirán fundamentalmente a «actividades prioritarias,» que son aquellas que presentan mayores índices de incidencia de accidente de trabajo mortal y que además cuentan con un mayor número de personas expuestas, según la información de los años 2017 a 2019 de una investigación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Estas actividades más peligrosas se encuadran en cuatro bloques principales: sector primario (pesca y agricultura), la construcción (sobre todo de edificios), la industria (principalmente la recogida de residuos) y el transporte por carretera. Actuar donde ya hay más accidentes. Las empresas incumplidoras de la normativa en prevención de riesgos laborales, que arriesgan la vida de sus plantillas, se enfrentan a las multas más elevadas que existen en materia laboral. Por infracciones muy graves pueden llegar a los 983.736 euros en el grado más alto, tras el aumento del 20% de las multas que se aplica desde octubre. Además del enfoque de control y punitivo, el Ministerio destaca la actuación preventiva, la que en lugar de sancionar el accidente mortal evita que este se produzca. Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

Cambios en las cuarentenas

Durante esta sexta ola de la pandemia, Ómicron ha venido a colarse en las Navidades, parece que es una variante menos virulenta, por lo que se ha acordado reducir el aislamiento de todos los positivos «sin síntomas» por Covid-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados. La reducción se aplicará tanto para los vacunados como para los no vacunados sin sintomatología. Por tanto, el periodo de aislamiento para los casos positivos asintomáticos o con síntomas leves se reduce a 7 días, siempre que la persona no muestre síntomas en los últimos tres días. Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21 días. Para más información clic en el siguiente documento: Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control Comisión de Salud Pública. 30.12.2021 Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp

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