La llegada de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, cambió las reglas del juego, pasando de «reaccionar ante el accidente» a «prevenir antes de que ocurra».
No se trata solo de cumplir con papeleo. El objetivo principal es promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.
Para entender la ley de un vistazo, debemos fijarnos en estos tres puntos clave:
Mucha gente piensa que la prevención es solo cosa «del jefe», pero la Ley 31/1995 establece una responsabilidad compartida:
El incumplimiento de esta normativa no solo pone en peligro vidas, sino que conlleva sanciones graves. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, con multas que pueden alcanzar cifras astronómicas, además de posibles responsabilidades penales en caso de accidente grave.
El incumplimiento de la Ley 31/1995 no solo es un riesgo humano, es un riesgo financiero enorme. Las sanciones se dividen según su gravedad y se regulan a través de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).
Escala de multas (aproximada):
La Ley 31/1995 no solo dice qué hay que hacer, sino también cómo estructurarlo. El empresario no puede simplemente delegar y olvidarse; debe elegir uno de los cuatro modelos organizativos que establece la normativa según el tamaño de la empresa y la peligrosidad de la actividad:
La seguridad laboral no es un departamento aislado que genera informes. La ley exige que la prevención se integre en el sistema general de gestión de la empresa, en todas sus actividades y en todos los niveles jerárquicos. Desde el director general hasta el operario recién contratado deben incluir la seguridad en sus decisiones diarias.
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